Aparecen bolardos de CDMX en Yucatán, Döring exige cuentas a Héctor Ulises García por “contrabando” de mobiliario urbano capitalino
Federico Döring, diputado federal y vocero de Partido Acción Nacional en la CDMX, acusó al secretario de Movilidad local, Héctor Ulises García, de tráfico de infraestructura de la capital para el estado de Yucatán, el cual utiliza bolardos con logotipos del gobierno de CDMX por donde pasa el Ie-Tram del Vaivén, un modelo de transporte administrado por el gobernador de Morena, Joaquín Díaz Mena.
“Estos bolardos de la infraestructura de la Ciudad instalados en Yucatán, muestran que los corruptos de Morena de CDMX, se coluden con sus pares en Yucatán, con el corrupto de Díaz Mena”.
De acuerdo al legislador, buscan este esquema de “contrabando institucional” entre la CDMX y Yucatán, para instalar los impuestos locales de la CDMX en la infraestructura de Yucatán “y sacar los moches y el dinero de contratos que nunca entregaron los productos en Yucatán”.
Añadió que se tapan los unos a los otros. Funcionarios de Clara Brugada roban aquí y la mercancía aparece en Yucatán, les dan los moches de presupuesto de Yucatán, nadie se enterará, pero para eso está la fiscalización y los medios de comunicación, mismos que Claudia Sheinbaum quiere censurar con sus narco lineamientos de audiencia.
La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, exigió al secretario de Movilidad CDMX, Héctor Ulises García, informar al Congreso local, el motivo por el cual hay mobiliario urbano del GCDMX en el estado de Yucatán.
“Como sino fuera suficiente la tranza del gobierno local con la ajolotización, como sino fuera suficiente la tranza del gobierno de Clara Brigada con las obras del mundial y ahora, traficando con el material capitalino para sus aliados de otros estados”.
Los panistas precisaron que la corrupción del Gobierno local ha salido de una geografía local ya que “ahora expanden sus tranzas los funcionarios de SEMOVI en otras entidades del país como ahora es en Yucatán donde es visible que Morena se ha convertido en un partido desesperado por recuperar adeptos y votos tras los escándalos de Rubén Rocha, Marina del Pilar y el huachicol fiscal”.
La panista Laura Álvarez informó que esta conducta podría constituir desvío de recursos y uso ilegal de atribuciones y facultades (artículo 267 del Código Penal local).
Delito que se castiga con penas máximas de 5 a 20 años de prisión y de 2 mil a 5 mil días de multa, además de la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación en el servicio público.