Concluyen posturas a favor y en contra del dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial
* En la quinta y sexta ronda de oradores participan diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios
Redacción
En la sesión de la Cámara de Diputados, realizada en sede alterna, representantes de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC formularon, en la quinta y sexta ronda de intervenciones, comentarios sobre el dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación.
La diputada María Damaris Silva Santiago (Morena) dijo que se busca derribar barreras históricas, democratizar el acceso a la justicia y proponer elecciones populares para jueces y magistrados, así como crear un tribunal disciplinario que sancione fallos administrativos y el sentido de las sentencias. No solo es un cambio legal, es un mandato del pueblo y una exigencia para refundar los privilegios y renovar el sistema judicial que debe servir a todas y todos los mexicanos.
En su turno, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) apuntó que la discusión no es sobre la elección de jueces o magistrados, porque el Poder Judicial no está en la agenda, “sino regañar y sancionar a quienes se atrevieron a ponerle un freno al autoritarismo”. Recalcó que la justicia debe ser discutida pero no en fast track, pues el pueblo merece que se reflexione en serio, que se reforme el Poder Judicial, las fiscalías, las policías, la prevención y que replanteemos el paradigma.
Del PVEM, el diputado Gerardo Villarreal Solís comentó que esta reforma es de amplia trascendencia donde se puede diferir, pero también encontrar puntos de convergencia y dotar al país de mejores oportunidades. “Ganamos la mayoría en el Congreso y ello nos permite abordar con claridad que las reformas constitucionales que planteamos durante la campaña electoral deben avanzar”.
El diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (PRI) dijo que la Constitución establece la independencia del Poder Judicial como un pilar fundamental de la democracia. Cualquier intento por debilitar esa independencia ya sea reduciendo las facultades de los jueces o sometiendo a los magistrados a un control político, representa un grave retroceso al Estado de derecho. “Ese principio no es negociable, es la garantía de que todos, sin excepción, estamos sujetos a la misma ley”.
Alfredo Vázquez Vázquez, diputado de Morena, destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas de México; por eso, obedecen al mandato popular de reformar el Poder más conservador y ponerlo al servicio de los que menos tienen, para que jueces, magistrados y ministros utilicen un lenguaje sencillo e incluyente en sus sentencias y amparen a los más débiles y desfavorecidos, con responsabilidad social y garanticen la justicia.
Por MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu resaltó que el dictamen es ilegítimo porque es resultado de la imposición reiterada de un oficialismo que ha cancelado las reglas fundamentales de la convivencia democrática y ha renunciado a la política constructiva para reivindicar la obediencia servil. No es una reforma judicial y nada tiene que ver con la justicia, es una revancha antidemocrática. No es una reforma legítima ni popular.
El diputado Óscar Iván Brito Zapata (Morena) precisó que el pueblo no quiere un Poder Judicial con privilegios y ministros que tengan prestaciones por todo; la modificación a la Constitución Política representa una reconfiguración total de dicho poder. “La reforma al Poder Judicial va; es el pueblo el que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno”.
Por el PAN, la diputada Liliana Ortiz Pérez dijo que el peligro de la reforma es la caída de la República, cuando es indispensable que concurra un sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión que impida que ningún Poder adquiera potestades superiores a los otros. “Por primera vez en la historia constitucional del país se incorporarán disposiciones que son irreconciliables, generando la imposibilidad de una interpretación congruente y sistemática”.
El diputado Luis Fernando Vilchis Contreras (PT) expresó que su grupo votará en el mismo sentido que los mexicanos, a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial, pues ello contribuirá e impactará favorablemente en la ciudadanía que por primera vez se sentirá protegida y arropada por la ley. “Estas modificaciones representan un factor de cambio social, pues la justicia dejará de ser un producto y se convertirá en un derecho universal”.
Xitlalic Ceja García, diputada del PRI, detalló que la reforma politiza al único Poder que está fuera de contiendas; no contempla solucionar de fondo las deficiencias de la impartición de justicia y terminar con la impunidad, y genera daños colaterales e incertidumbre en la economía del país, lo cual afectará a los que menos tienen. Si se quiere garantizar la justicia, se debe destinar un presupuesto adecuado que permita tener mayor número de jueces y fortalecer a las fiscalías para que brinden justicia eficaz, pronta y expedita.
El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena) puntualizó que hoy no hay espacio para la impunidad ni para dar la espalda a las y los ciudadanos; por ello, la reforma pone en el centro su empoderamiento. “México ya cambió y el pasado 2 de junio el pueblo pidió cambiar la realidad del Poder Judicial. Aquí estamos para hacer una propuesta inteligente, que hace eficiente, más austera y garantiza que haya justicia expedita y pronta para todas y todos”.
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba llamó a votar en contra del dictamen porque el Poder Judicial ha hecho una importante fortaleza en el sector salud. Recordó la resolución que hizo en beneficio de los ciudadanos como el que los legisladores prohibieran el uso lúdico de la mariguana. “Le pido a la oposición que no vote a favor y no engañe al pueblo como lo está haciendo”.